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2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.

jueves, enero 07, 2010

LA IMPUNIDAD DE LOS GOBERNANTES EN LATINOAMERICA Y USA






LA IMPUNIDAD DE LOS GOBERNANTES EN LATINOAMERICA Y USA
A propósito de la sentencia confirmatoria a Kenya Fujimori.

En muy pocos casos la justicia latinoamericana y nunca se puede decir en el caso de Estados Unidos se ha condenado a un gobernante por los múltiples casos de violación de derechos humanos.

Fujimori es el primer condenado aparente de la justicia en un caso de violación de los derechos humanos en el caso la Cantuta, Barrios Altos y el secuestro de empresarios y periodistas.

Pero en el Perú hay muchísimos gobernantes que han quedado impunes como es el caso de Morales Bermúdez que fue y es un agente internacional de la CIA puesto como presidente de facto en el quinquenio del 75 al 80, con la finalidad que la Oligarquía peruana recuperara sus bienes que les fueron devueltos, el decir confiscados es un eufemismo ya que la oligarquía se hizo dueño de las riquezas a expensas de la pobreza de las poblaciones indígenas que eran sus verdaderos propietarias y que a través del coloniaje se confisco realmente a los pueblos originarios, aparte del etnocidio cultural y social que los sometieron con la finalidad de proteger sus latrocinios.

¿Pero que es el Plan cóndor? El Plan Cóndor fue un macabro plan de terrorismo internacional aplicado en Sur América durante los años 1970's-80's, y diseñado por el gobierno de Richard Nixon con la ayuda de sus asesores Henry Kissinger y Vernon Walters para detener el aumento de los movimientos sociales de entonces. Posiblemente dirigido desde la Escuela de las Américas -entonces ubicada en Panamá- este plan fue aplicado por las dictaduras militares derechistas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Perú.

El Plan Cóndor causó el asesinato, desaparición, tortura y encarcelamiento de cientos de miles de ciudadanos de esos países, cuyo único delito fue el pertenecer a grupos políticos de izquierda y organizar la oposición contra esas dictaduras militares.



El Perú de ese entonces vio horrorizado como estudiantes y ciudadanos argentinos eran secuestrados por los servicios de Inteligencia nacional del cual eran participes su jefe el coronel Felipe Martínez Garay, cuya intervención se confirma con los relatos de ex agentes que dieron esta versión para el periodista Santiago Uceda en su libro “Muerte en el Pentagonito”, donde expone muchas evidencias de la participación peruana, por supuesto con la anuencia del Presidente de facto de ese entonces Remigio Morales Bermúdez de su Premier Pedro Ritcher Prada y otras autoridades de alto nivel.

Ni que decir del genocida Alan Garcia, que tiene un rosario de delitos pero que por la impunidad y sus amigotes en el poder Judicial sigue impune sus delitos cometidos como el caso de acomarca. Que sucedió a los quince días de instalado el nuevo gobierno, el 14 de agosto de 1985, como respuesta a una serie de emboscadas senderistas, se pone en práctica la "Operación Huancayoc".

Así, un contingente del Ejército comandado por el sub?teniente Telmo Hurtado, atacó la aldea de Accomarca en el departamento de Ayacucho. 69 campesinos murieron durante el ataque, incluyendo algunas mujeres y niños. Antes, el 7 de agosto, cinco hombres y dos mujeres que habían sido detenidos en un operativo militar fueron llevados a la zona de Pucayacu en un camión del Ejército por un contingente al mando del teniente De la Cruz Salcedo. Los detenidos fueron asesinados con disparos en la nuca. Más tarde se pudo establecer que hablan actuado por órdenes del teniente coronel David Lama Romero, jefe político?militar de Huanta.

La reacción presidencial frente a los sucesos de Pucayacu y Accomarca fue rápida y enérgica. El 15 de septiembre, el Presidente le pidió la renuncia al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praelli, después que él negara públicamente estos sucesos y los atribuyera al oportunismo de los políticos. El presidente ordenó, asimismo, que el Comando Conjunto compareciera ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

El 17 de septiembre, se presentaron los generales Sinesio Jarama Dávila, comandante de la Zona de Seguridad del Centro y Wilfredo Morí Orlo, jefe político?militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho. Sus testimonios fueron evaluados como insuficientes y no ofrecieron respuesta sobre los hallazgos. Esa misma noche, el gobierno anuncio el cambio del general Jarama a otro puesto y el pase a retiro de Mori.

A fines de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Javier Valle Riestra, viajó a la zona de la masacre y entrevistaron al sub?teniente Hurtado quien se mostró desafiante en sus respuestas, llegando incluso a justificar el crimen "en defensa de Los políticos y de la democracia".

Luego de un trabajo bastante sostenido y rápido la Comisión evacuó su informe. En el de mayoría, se defendía la tesis de que los crímenes cometidos debían ser sometidos a la jurisdicción ordinaria y no a la de los tribunales militares, pero ignorando las recomendaciones de la Comisión, el Senado decidió por mayoría terminar con las investigaciones y pasar los expedientes al fuero militar para que fueran juzgados. Como consecuencia de ello el senador Valle Riestra renunció a la presidencia de la Comisión. Los responsables de los hechos terminarían luego básicamente impunes.

Sigue el caso del Fronton que sucedió el 17 de junio de 1986, Alan García en la cúspide de su popularidad recibía a delegaciones de todo el mundo que venían a participar, por primera vez en Lima, en un Congreso de la Internacional Socialista. Aprovechando esta circunstancia, presos senderistas de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara tomaron rehenes, se apoderaron de sus pabellones y anunciaron su decisión de no rendirse, hasta obtener la plena satisfacción de sus demandas.

A las cuatro horas de haberse tomado al primer rehén, el Presidente García convocó una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en la que participaron los jefes de las instituciones militares. Allí se tomó la decisión de entregar al Comando Conjunto el control de los penales en procura de establecerla calma lo más rápido posible.

En la cárcel de mujeres la Guardia Republicana recuperó el control del penal relativamente rápido. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados quedando dos internas muertas.

Mientras tanto, en El Frontón, el viceministro del Interior Agustín Mantilla anunciaba que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención. Luego la marina atacó militarmente el Pabellón Azul usando armas de guerra y luego con la ayuda de un helicóptero echaron abajo las paredes. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los rehenes y 135 prisioneros.

A Lurigancho llegó el escuadrón Llapan Atic de la Guardia Republicana que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial donde los senderistas tenían al rehén. A las tres de la mañana. después del ataque con fusiles y granadas, los senderistas se rindieron. Horas más tarde los 124 senderistas que ocupaban el edificio estaban muertos; habían sido asesinados, uno a uno, de un tiro en la nuca.

El escándalo nacional e internacional frente a este crimen múltiple fue enorme. El presidente García visitó tardíamente, el lugar de los sucesos y haciendo uso de su acostumbrada elocuencia, dijo que frente a éstos sólo cabían dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo".

En los días o meses siguientes nada significativo se hizo por determinar lo sucedido y sancionar a los responsables. Sólo un año después se logró que empezara a actuar una Comisión Investigadora del Congreso y que se le encargara la presidencia al senador opositor Rolando Ames. La Comisión realizó un amplio, riguroso y severo proceso de investigación de lo sucedido, lo que permitió una reconstrucción de los hechos verdaderamente detallada y escrupulosa.

El Informe Ames -que quedó al final en ajustada minoría por las maniobras del APRA- encontró que hubo imprevisión en la actuación del gobierno, así como desgobierno en los penales, permitido por el entonces Ministro de Justicia, Luis Gonzáles Posada. Se demostró que la información proporcionada al país era distorsionada y dirigida a magnificar los hechos. Igualmente se probó que las autoridades gubernamentales ?principalmente a través de la actuación del viceministro Mantilla y los mandos militares- impidieron y limitaron ilegalmente la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.

Encontró, asimismo, que el gobierno dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificable número de muertes. Ello, cuando el Presidente pidió debelar los motines en el plazo más breve y perentorio, sin existir ninguna razón que obligara a actuar con excesiva premura.

Se estableció, por otro lado, que la fuerza militar utilizada en el ataque a los amotinados fue desproporcionada e innecesaria en relación al peligro realmente existente. Sólo en el caso de El Frontón los internos tenían tres armas de fuego fuego, en los otros dos penales carecían de ellas. En cambio las fuerzas encargadas de reducir a los internos utilizaron fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, bazucas, cañones de 81 milímetros, explosivo plástico y dinamita.

El Informe confirmó que las fuerzas encargadas del debelamiento realizaron ejecuciones extrajudiciales. En Lurigancho se fusiló con un disparo en la nuca a un número superior a 90 internos ya rendidos. En el Frontón, la Marina voló el Pabellón Azul a sabiendas que en su interior se encontraban aún internos con vida.

Otro aspecto grave que consigna el Informe Ames, es que se pretendió encubrir los delitos realizados por las fuerzas del orden durante las acciones de debelamiento de los motines. El propio presidente García conoció inmediatamente el número de víctimas; sin embargo en lugar de ordenar en ese momento la investigación de esos hechos, felicitó al Comando Conjunto de la Fuerza Armada; asimismo prohibió el ingreso de los jueces y civiles, declarando 'zonas militares restringidas' a los penales. La denuncia sobre lo sucedido, hecha luego de los sucesos por el Presidente se refirió exclusivamente al caso de Lurigancho, pese a que se conocían ya los hechos ocurridos en los otros penales.

El Informe Ames atribuía responsabilidades al Presidente y al Consejo de Ministros, a los oficiales encargados de las operaciones de debelamiento, al personal militar y policial que participó en ellas, al Fiscal de la Nación, César Elejalde, a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y al viceministro del Interior. El Informe propuso al Congreso se aplique el antejuicio constitucional a los ministros y a Alan García, al finalizar su mandato.

Sin embargo primó la impunidad. La Corte Suprema argumentó que por tratarse de hechos ocurridos en el marco de una zona militar restringida tenía que inhibirse de ver la causa y decidió su traslado a la jurisdicción militar. El caso de El Frontón fue sobreseído por uno de esos tribunales, al no encontrar responsabilidad alguna en lo sucedido. En el caso de Lurigancho sólo se encontró responsabilidad en dos oficiales subalternos de la Guardia Republicana, absolviéndose a los demás acusados. No sólo eso, sino que el Senado ascendería tiempo después al General José Rabanal Portilla, Jefe Militar encargado de debelar el motín de Lurigancho, al más alto rango del escalafón militar.

El círculo de impunidad se cierra en noviembre de 1990, ya durante el régimen de Fujimori, cuando la Cámara de Diputados con una precaria mayoría conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos contra y 75 a favor de la acusación constitucional contra Alan García. En el debate se hizo evidente que existía un acuerdo político para exculpar al ex-presidente. Según fuentes de prensa de la época una delegación del APRA encabezada por su secretario general, Luis Alva Castro, fue hasta en 3 oportunidades en Palacio de Gobierno y pasada la medianoche a reunirse con Fujimori.

Por ello sin mas palabras la condena a Fujimori es solo un paso para que la impunidad de todos los genocidas no quede impune, sigue Alan García y sus ministros.



Juan Esteban Yupanqui Villalobos
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1. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. 2. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el único engendrado, nacido del Padre antes de los siglos, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. 3. Señor Jesucristo quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y fue encarnado por el Espíritu Santo y la Virgen María, y se hizo hombre. 4. Señor Jesucristo quien fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado. 5. Señor Jesucristo quien resucitó al tercer día 6. Y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. 7. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 8. Creo y en el Espíritu Santo, el Señor de la Vida, quien es el Creador de la Vida y procede del Padre, a quien estamos adorando y glorificando con el Padre y el Hijo, y quien habló a las naciones mediante los profetas. 9. Y en la Iglesia, quien es el cuerpo y la novia de Jesucristo. 10. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados a través del agua y del Espíritu. 11. Estoy en espera de la resurrección de los muertos. 12. Y en la espera de la vida eterna del siglo que viene! Amén